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El reciente anuncio del cierre de pulperías y comisariatos en los centros penitenciarios de Costa Rica ha encendido el debate entre las autoridades y los familiares de las personas privadas de libertad. El ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, asegura que la medida responde a un esfuerzo de más de dos años para eliminar transacciones ilícitas, mejorar la transparencia y evitar irregularidades en la gestión de estos espacios.
Campos afirmó que estos negocios han sido un foco de problemas que terminan afectando directamente a los ciudadanos. Según él, los comisariatos en manos del sistema penitenciario no solo facilitaban movimientos ilícitos, sino que también desviaban el enfoque de la administración carcelaria hacia actividades que no corresponden a su rol.
Familiares señalan irregularidades
Por otro lado, familiares de los reclusos han expresado su descontento, alegando que este cierre no solo afecta la subsistencia de los más desfavorecidos dentro de las cárceles, sino que también deja al descubierto presuntas prácticas irregulares por parte de algunos funcionarios. Según los denunciantes, el manejo de estos negocios generaba "jugosas ganancias" que habrían beneficiado a ciertos trabajadores penitenciarios.
Además, sostienen que los comisariatos permitían a los reclusos obtener insumos básicos que el gobierno no provee adecuadamente. "Lo poco que dan son cochinadas", afirmó una madre de familia durante una manifestación frente al Ministerio de Justicia, haciendo referencia a la calidad de los suministros proporcionados por el Estado.
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Mientras el gobierno defiende la medida como un paso necesario para limpiar el sistema penitenciario, los reclusos más vulnerables podrían ser los más afectados. Sin acceso a las pulperías, dependerán exclusivamente de las entregas familiares y de los recursos que la institución les brinde, lo cual, según denuncias, suele ser insuficiente.
¿Solución estructural o paliativo temporal?
El cierre de estos espacios plantea preguntas sobre el verdadero alcance de la medida. ¿Será suficiente para acabar con las transacciones ilícitas desde la cárcel? ¿O simplemente traslada el problema a otras áreas menos visibles?
El debate sigue abierto, con posturas encontradas que invitan a un análisis más profundo sobre el sistema penitenciario costarricense y las políticas necesarias para garantizar tanto la seguridad pública como los derechos de las personas privadas de libertad.
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