La Defensoría de los Habitantes ha presentado una coadyuvancia en apoyo a la acción de inconstitucionalidad planteada por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) contra el artículo 13 del Código Municipal. La Defensoría argumenta que la reforma, aprobada por la Ley 8801 del 28 de abril de 2020, debilita las garantías institucionales para las oficinas municipales que aseguran, protegen y promueven los derechos de las mujeres, y por ende, retrocede en la protección de estos derechos.
La reforma eliminó la incorporación de la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos desde la diversidad, así como la existencia y el fortalecimiento de las oficinas especializadas en los Gobiernos Locales. La Defensoría considera que todas las acciones estatales deben cumplir con las obligaciones en materia de derechos humanos y las recomendaciones de los órganos internacionales de derechos humanos.
Las Oficinas Municipales de la Mujer, fundamentales para avanzar en los derechos de las mujeres en todo el país, permiten fortalecer los mecanismos nacionales y colaborar con el INAMU en la promoción de la igualdad de género. Estas oficinas también son esenciales para generar indicadores locales sobre la vigencia de los derechos de las mujeres, coordinar esfuerzos interinstitucionales y abordar prejuicios de género en la implementación de políticas públicas.
Esta reforma en nuestro criterio consolida el riesgo de que el avance obtenido a partir de la creación de las oficinas de la mujer en la mayoría de los Gobiernos Locales no solamente se detenga sino que pueda revertirse al haberse eliminado esa atribución".
La Defensoría destaca que el fortalecimiento de estas oficinas es clave para la capacitación continua del personal, la participación activa de la sociedad civil y la promoción de la transparencia en la gestión de recursos destinados a la protección de los derechos de las mujeres.
Fotos con fines ilustrativos
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