Tras los allanamientos y las detenciones realizadas por agentes del OIJ contra 8 funcionarios y ex funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el Juzgado Penal de Hacienda inició la diligencia en la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones de la institución en la cual se inició el respaldo de las cuentas electrónicas de las personas imputadas en el caso barrenador, mismo que fue delegado en el Ministerio Público.
Por procedimiento interno, a solicitud de las autoridades judiciales se deshabilitaron las cuentas de correo de los funcionarios imputados en esta causa, esto en la mañana del 23 de setiembre.
El día 25/09/2024 alrededor de las 8:30am el Perito de la Sección Especializada de Cibercrimen, informó que al momento de revisar que el proceso de descarga culminara correctamente, encontró en una de las cuentas (perteneciente a uno de los masculinos), generó errores en la sincronización de archivos, siendo que al revisar la bitácora, se observó que habían 4 elementos eliminados en el OneDrive y preliminarmente al menos unos 300 archivos del correo electrónico.
Al revisar lo sucedido, se determina que el correo fue habilitado sin autorización judicial posterior al bloqueo realizado durante el allanamiento, utilizando para ello el usuario y clave de un alto funcionario que tiene la capacidad de habilitar cuentas de correo.
No obstante, este funcionario no estaba trabajando por estar en vacaciones ya que regresará al trabajo hasta el lunes 30 de setiembre, por lo que se sospecha que alguien más accedió a las credenciales de este funcionario para habilitar los permisos sobre el contenido en cuestión de una de las personas imputadas.
De tal modo, el día 24/09/2024 a las 09:00 horas se denota en la bitácora que hay un ingreso correcto en la cuenta de correo de uno de los imputados, que ya para ese momento se encontraba habilitada a pesar de la orden de juez en contra y se presume que aprovechó ese momento para borrar la cantidad indicada de correos. La revisión interna de los IPs apunta que el borrado lo hizo una persona dentro de la misma CCSS, pero desde una terminal del hospital Max Peralta en Cartago.
Este tipo de acciones criminales orquestadas refuerzan la tesis del Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial de que los allanamientos en el caso Barrenador eran totalmente necesarios, mismos que fueron avalados por un juez de la República y que no es posible en estos casos de presunta corrupción citar a los imputados para que se presenten a declarar a un despacho judicial ya que esto alertaría a todas las personas involucradas y podrían eliminar prueba como ya sucedió lamentablemente en este caso.
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