- Funcionarios de instituciones del gobierno son investigados por el otorgamiento de 952 permisos de tala en el Refugio Gandoca Manzanillo.
- Denuncian que humedales fueron destruidos y se ordenó cambio de suelo para favorecer a empresarios turísticos.
Desde muy temprano de este martes 20 de agosto, agentes de las secciones de Anticorrupción y la Especializada en Delitos Ambientales y de Bienestar Animal (SEDABA) están llevando a cabo un operativo con 26 allanamientos en la provincia de Limón, incluyendo el cantón Central, Talamanca y Siquirres. También se están realizando allanamientos en Montes de Oca y Tibás en San José, así como en algunas áreas de Heredia.
Este operativo busca recolectar pruebas relacionadas con una investigación sobre presuntos delitos de incumplimiento de deberes, prevaricato, invasión a la zona marítimo terrestre y otros crímenes. La investigación está centrada en el proceso de creación del Plan Regulador Costero de Talamanca, que, según las sospechas, podría haber presentado anomalías significativas.
Las presuntas irregularidades involucran a diversos actores, como la Municipalidad de Talamanca, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), la Secretaría Nacional Técnica Ambiental (SETENA), el Instituto Costarricense de Vivienda y Urbanismo (INVU), el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), así como a personas del Consejo Local del Área de Conservación La Amistad-Caribe (ACLAC) y del Consejo Local de Áreas de Conservación (COLAC).
Se investiga si estas anomalías tenían el objetivo de beneficiar intereses privados en la explotación turística, empresarial y comercial en áreas restringidas, incluyendo la eliminación de humedales, tala ilegal de árboles, invasión de zonas marítimas y territorios indígenas, así como el cambio no autorizado del uso del suelo.
Hasta el momento, se ha detenido a una persona y se han recolectado importantes pruebas como dispositivos electrónicos y documentos. La investigación continúa y no se descarta la posibilidad de más detenciones. Los resultados serán enviados al Ministerio Público para su análisis y seguimiento.
Foto y video OIJ / Cortesía