La Defensoría de los Habitantes ha alertado a las administraciones gubernamentales de Costa Rica sobre la grave situación que enfrentan los derechos de los pueblos indígenas. La institución denuncia la constante exclusión, invisibilización y discriminación que sufren estas comunidades debido a las omisiones y malas prácticas de las instituciones públicas.
En su informe reciente, enfatiza la necesidad urgente de que el Estado costarricense respete la identidad cultural de los pueblos indígenas. Para lograr esto, se debe garantizar su participación activa y consulta en el proceso de toma de decisiones, promoviendo así una igualdad real y el acceso pleno a sus derechos.
A pesar de que la legislación costarricense reconoce oficialmente 24 territorios indígenas como inalienables, imprescriptibles y exclusivos para estas comunidades, una gran parte de estas tierras aún está en manos de no indígenas. La Ley Indígena establece que las personas no indígenas en estas áreas deben ser expropiadas, reubicadas o indemnizadas, pero este proceso no se está llevando a cabo de manera efectiva.
La Defensoría insiste en que el Estado debe colaborar para desarrollar un proyecto nacional que contemple la limpieza, ordenamiento, demarcación, delimitación, restitución y reparación de las tierras indígenas, incluyendo las ancestrales o de uso tradicional.
Además, el acceso a la justicia sigue siendo un desafío significativo. El camino hacia el reconocimiento completo de los derechos de los pueblos indígenas es largo, con numerosas barreras normativas y prácticas. Costa Rica debe avanzar en la implementación de sistemas de justicia que respeten las cosmovisiones, valores y tradiciones de estos pueblos.
La Defensoría de los Habitantes ha convocado un espacio de diálogo intercultural con representantes de pueblos indígenas, expertos en derechos indígenas y entidades públicas para discutir y reflexionar sobre el acceso a la justicia para estos pueblos. Este evento busca visibilizar la situación actual, abordar la discriminación estructural y generar recomendaciones para que las instituciones cumplan sus obligaciones en la protección y restitución de los derechos indígenas.
Foto con fines ilustrativos
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