La Defensoría de los Habitantes ha informado sobre un creciente número de denuncias relacionadas con la suspensión de servicios básicos en centros educativos debido a recortes presupuestarios. La investigación preliminar revela que estos recortes, junto con problemas en la ejecución y en la idoneidad de los miembros de las Juntas de Educación, están causando acumulación de deudas y, en consecuencia, la interrupción de servicios como agua, electricidad y alimentación.
El Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) también enfrenta problemas serios, con algunas Juntas de Educación debiendo hasta ¢150 millones al Consejo Nacional de Producción (CNP). La Defensoría urge al Ministerio de Educación Pública (MEP) a establecer convenios interinstitucionales con el CNP y proveedores de servicios para garantizar la continuidad y calidad de estos servicios.
Además, la investigación señala que las Juntas Educativas y Administrativas a menudo transfieren responsabilidades administrativas a los directores de los centros educativos, desviando su atención de las funciones académicas. La Defensoría sugiere una revisión y transformación de estas Juntas para convertirlas en órganos de fiscalización, asegurando una mejor gestión tanto administrativa como educativa.
La falta de capacitación adecuada para los miembros de las Juntas, especialmente con la próxima implementación del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), complica la gestión y puede resultar en investigaciones y sanciones. La investigación continuará analizando la gestión de infraestructura, compras de insumos y otras contrataciones en los centros educativos.
Foto con fines ilustrativos
.png)
.jpeg)
