La Contraloría General de la República (CGR) ha elevado una solicitud ante la Sala Constitucional para que declare la inconstitucionalidad del proyecto de ley No. 24.364, popularmente conocido como la Ley Jaguar, que espera su debate en la Asamblea Legislativa de Costa Rica.
Según la CGR, esta iniciativa legislativa presenta serios riesgos que podrían debilitar significativamente los mecanismos de control y fiscalización de los fondos públicos en el país. Una de las principales preocupaciones expuestas es la propuesta reforma al artículo 9 de la Ley de Control Interno, la cual limitaría las funciones de la CGR exclusivamente a un control posterior de las decisiones administrativas.
Para la contralora Marta Acosta Zúñiga, este proyecto eliminaría los controles preventivos cruciales, como la aprobación presupuestaria de las municipalidades y otras entidades y también pretende modificar los artículos 11, 12 y 17 de la Ley Orgánica de la CGR, restringiendo la capacidad del ente contralor para emitir disposiciones preventivas y correctivas.
Las reformas propuestas reducen el sistema de fiscalización a su mínima expresión, violan principios y derechos constitucionales, y alteran la distribución de competencias establecidas por el legislador constituyente”
En este contexto, la Asamblea Legislativa tenía previsto discutir el proyecto antes del receso legislativo, sin embargo, debido a una segunda consulta facultativa liderada por el Partido Liberal Progresista (PLP), no se da procedido al debate.
La decisión final sobre la constitucionalidad y viabilidad de la Ley Jaguar ahora reposa en manos de la Sala Constitucional, que deberá evaluar los argumentos presentados por la CGR y otros actores interesados en este debate legislativo.
Foto con fines ilustrativos /NRD
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