- Autoridades han recibido más de 700 denuncias
El robo de combustible es una preocupación constante para Recope. Desde el 2016, cuando se registraron los primeros casos de esta actividad delictiva, ha existido una preocupación persistente por la seguridad de las personas, el resguardo de la infraestructura y el impacto económico y ambiental.
En mayo del 2020, entró en vigencia la Ley para sancionar el apoderamiento y la introducción ilegal de los combustibles derivados del petróleo y sus mezclas (ley 9852), la cual establece penas severas para aquellos que participan en actividades relacionadas con el robo de combustible; sin embargo, a pesar de esta legislación, la efectividad en la aplicación ha sido insuficiente.
Desde la implementación de esta ley, Recope ha presentado 703 denuncias ante las autoridades judiciales. En la actualidad, existen 444 casos activos y sin resolver. La preocupación aumenta al constatar que solo 33 personas han sido sentenciadas en casi cuatro años por delitos relacionados con la ley 9852.
Karla Montero, presidenta de Recope, lamentó que, a pesar del esfuerzo conjunto entre Recope, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Fiscalía y el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) para detener a los sospechosos, muchos de ellos quedan en libertad.
“Recope está haciendo todo lo humanamente posible para evitar una repercusión en el suministro de combustibles o un impacto en la vida o la salud de las personas y en el ambiente en las zonas afectadas por el robo de combustible, pero está claro que no podemos solos y necesitamos de la colaboración de todos. El buen trabajo que hemos realizado con el Ministerio de Seguridad, el OIJ y la Fiscalía ha quedado más que demostrado, pero, entre todos detenemos a los sospechosos y a las horas ellos quedan libres”, explicó Montero.
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