Darwin González, conocido como "Pancho Villa", acusado de narcotráfico y lavado de dinero, ahora está en el ojo de las autoridades judiciales, por supuestamente intentar sobornar a una jueza, por medio de una abogada.
Ante esto el Organismo de Investigación Judicial y la fiscalía allanaron la celda colectiva de Máxima Seguridad de La Reforma, donde permanece recluido y donde decomisaron dos teléfonos celulares con sus respectivos cargadores y donde el fiscal General, Carlo Díaz, dijo que se espera sacar información importante tras las aperturas de los aparatos.
Celso Gamboa, abogado de González, aseguró a Noticias Red Digital, que todo es falso, inclusive en el video un agente del OIJ que estaba siendo interrogado en el juicio manifestó algo que para la defensa es muy convincente.
"El OIJ dice que mi cliente no tiene nada que ver en lavado de dinero, eso es para cubrir el fisco del juicio. Los dos celulares no le pertenecen, no han información que lo comprometa, es un hallazgo normal dentro de los centros penales, a él no le decomisaron absolutamente nada", explicó.
Mientras que González, agregó que soy inocente y me van a absolver.
"Para evitar el fracaso de tenerme tantos años en prisión, me quieren meter algo que no tengo nada que ver", puntualizó.
CORRUPCIÓN EN PRISIÓN
Fuentes confidenciales aseguraron a este medio que la presencia de celulares u otros aparatos no permitidos en prisión es producto d ella corrupción entre algunos funcionarios penitenciarios.
"Para llegar hasta Máxima Seguridad se deben pasar al menos tres puestos de seguridad muy rigorosos, con aparatos para detectar metales, revisión corporal manual, perros expertos en drogas y la pericia de algunos oficiales de la policía penitenciaria.
No se podría hacer llegar alguna carga ilegal, inclusive cuando se llega a la entrada de Máxima hay varios lockers donde los funcionarios y visitas dejan sus pertenencias, por lo que entran sin nada, la visita no podría pasar eso, es la corrupción de la policía", detalló.
Pese a que a diario se decomisan estos aparatos, los privados de libertad seguirán pagando hasta un millón de colones por que le den un celular.
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