La Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada consiguió que se confirmara el año prisión preventiva en contra de las 21 personas que se encuentran cumpliendo la medida cautelar, por ser investigadas en el caso conocido policialmente como "Madre patria". Al grupo se le vincula con los presuntos delitos de falsedad ideológica, uso de documento falso, estafa mayor, legitimación de capitales, procuración de impunidad y cohecho.
La prisión preventiva fue ordenada desde julio, sin embargo, la defensa técnica presentó un recurso de apelación. El 25 de setiembre el Tribunal Penal de San José emitió la resolución a esta, en la cual dio la razón al Ministerio Público y mantuvo lo resuelto en la primera audiencia.
De igual manera, el Tribunal mantuvo las medidas cautelares ordenadas en contra del imputado Rosales Apú, funcionario del Consejo de Transporte Público. Por esa razón, el sospechoso continuará suspendido del cargo y deberá mantener domicilio fijo, presentarse a firmar, y tendrá impedimento de salida del país.
En el caso de los oficiales de la Policía de Tránsito y los abogados, el Tribunal decidió revocar las medidas cautelares de suspensión del cargo e inhabilitación del cargo, respectivamente, por lo que ahora continuarán cumpliendo el resto de medidas cautelares ordenadas anteriormente (ver cuadro).
La investigación continúa en trámite bajo el expediente 22-005018-0042-PE.
Persona imputadas:
León Muñoz (de nacionalidad española), Jiménez Arias, Arrieta Solano, Rodríguez Hidalgo, Fernández Gustavino, Gómez González (de nacionalidad española), García Núñez, Prendas Matarrita (abogado y notario), González Araya (abogado y notario), Chaves Arias (abogado y notario), Rojas Rojas, González Pinto (abogada y notaria), Venegas Marin (abogado, juez de juicio), Marín, Loaiza Bolandi (abogado y notario) Barrientos Campos, Barrientos Campos, Herrera Vega, Herrera González, Martínez Parada (abogado y notario) y Pérez Barboza.
Medidas cautelares confirmadas: Un año de prisión preventiva, la cual vence el 25 de junio del 2025.
Rosales Apú (funcionario del Consejo Transporte Público).
Medidas cautelares confirmadas: Suspensión del cargo, firma periódica, impedimento salida del país y mantener domicilio fijo, las cuales están vigentes hasta el 25 de diciembre del 2024.
Alvarado Amado, Ramírez Zumbado, Morera Quesada, Pérez Alcázar y Campos Bolaños.
Medidas cautelares confirmadas: Firma periódica, impedimento salida del país y mantener domicilio fijo, las cuales vencen el 25 de diciembre del 2024.
Aguilar Zúñiga y González Jiménez (abogados y notarios).
Medidas cautelares confirmadas: Arresto domiciliario y no comunicarse con otros imputados, testigos y ofendidos, las cuales vencen el 25 de junio 2025.
Fernández Bonilla (abogada y notaria).
Medidas cautelares confirmadas: Firma periódica, impedimento salida del país y mantener domicilio fijo, las cuales vencen el 25 junio del 2025.
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