Desde la década de 1970, los establecimientos penitenciarios en modalidad cerrada han implementado un sistema de comisariatos o pulperías, con el propósito de ofrecer productos básicos a la población privada de libertad. Este servicio, originalmente sin fines de lucro, buscaba garantizar la adquisición interna de bienes de primera necesidad, utilizando los ingresos para reponer los productos que se agotaban.
Sin embargo, en los últimos años, las autoridades han observado que estos comisariatos han evolucionado hacia un negocio lucrativo que genera importantes ganancias. Esto ha llamado la atención de entidades como la Procuraduría General de la República y la Sala Constitucional, quienes han señalado que si el servicio genera lucro, se convierte en una actividad mercantil que requiere una norma legal habilitante.
La Dirección General de Adaptación Social es responsable de mantener el orden y la disciplina dentro de los centros penitenciarios, siempre bajo el principio de legalidad. Tras una revisión exhaustiva de las operaciones de los comisariatos, se descubrió que muchos de ellos no cumplían con su propósito original y se habían convertido en empresas comerciales, cuyos ingresos se destinaban a fines no legales.
En respuesta a esta situación, el Ministro de Justicia, Gerald Campos, ha emitido una circular que ordena el cierre inmediato de todas las pulperías en las cárceles del país, con el fin de restablecer el control y la legalidad dentro del sistema penitenciario.
Foto con fines ilustrativos / Ministerio Justicia y Paz
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