En un trágico suceso, la madrugada de este lunes, Katherine Garro, una mujer de 37 años y madre de dos niños, fue hallada sin vida en su residencia ubicada en el sector Alemanias Unidas, en Purral de Goicoechea. La mujer se convierte en la víctima número 19 de femicidio en lo que va del año en Costa Rica.
El agresor de Katherine, identificado como de apellidos Cascante Ocampo, de 26 años, había permanecido en prisión durante los últimos ocho meses tras ser condenado por haberla agredido físicamente e intentar asesinarla. Además, se había emitido una orden de alejamiento en su contra para proteger a la víctima. Sin embargo, el hombre fue liberado hace tan solo tres días, y se dirigió directamente a la vivienda de la mujer, donde acabó con su vida.
Según las investigaciones preliminares, el agresor llegó al lugar y le propinó al menos 10 puñaladas en el pecho. Después de cometer el crimen, cubrió el cuerpo con una sábana blanca y se retiró del lugar, sin que nadie en los alrededores se percatara de la situación.
La Cruz Roja Costarricense llegó al lugar para confirmar la muerte de la mujer, quien ya no tenía signos vitales al momento del hallazgo; en apariencia el crimen se habría cometido en horas de la mañana del domingo.
El femicidio de Katherine pone de manifiesto la grave situación de violencia de género que atraviesa el país. Aunque la víctima había solicitado la protección a través de una orden de alejamiento, la liberación del agresor, quien previamente había sido condenado por su intento de asesinato, deja al descubierto las fallas en el sistema de protección hacia las mujeres víctimas de violencia de género.
Hoy no tendríamos una menos si este agresor no hubiese salido de prisión. Recordemos que el femicidio es la expresión más extrema de la violencia contra las mujeres, en una sociedad donde se admite y naturaliza la cosificación, desvalorización y las diversas formas de violencia simbólica que impactan en la realidad diaria de las mujeres", comentó la ministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada.
Este caso también deja en evidencia la urgencia de implementar medidas más estrictas y efectivas para garantizar la seguridad de las mujeres que han denunciado ser víctimas de violencia, así como la necesidad de reforzar el seguimiento a los agresores que han sido condenados por delitos graves.
Las autoridades han iniciado una investigación profunda para esclarecer todos los detalles del crimen y asegurar que el agresor enfrente las consecuencias correspondientes. Este crimen ha generado indignación en la comunidad, que clama por justicia para Katherine y por un cambio en las políticas de protección a las mujeres.
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