.jpeg)
La tercera versión de la Ley Jaguar propuesta por el Poder Ejecutivo ha sido rechazada por el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, que respondió al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) señalando que la iniciativa no introduce cambios sustantivos a la legislación existente, sino que se limita a reiterar disposiciones ya vigentes en el ordenamiento jurídico.
La propuesta presentada por el periodista Édgar Espinoza, esposo de la diputada Pilar Cisneros Gallo, pretendía modificar el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (CGR), pero el director del Departamento de Servicios Técnicos, Fernando Campos Martínez, señaló que la propuesta no innovaba ni eliminaba competencias a la Contraloría, sino que simplemente repetía lo ya establecido por las leyes existentes.
La organización de un referéndum implica un gasto significativo desde el punto de vista de recursos, el costo de un eventual referéndum, el cual se ha dicho públicamente que supera los 3.000 millones de colones, monto que puede ser destinado a cubrir necesidades sociales, sanitarias o educativas de la ciudadanía".
En su informe, el departamento argumentó que la propuesta violaba el principio de conexidad al no haber relación entre la propuesta y la exposición de motivos del proyecto. Además, advirtieron sobre los elevados costos de llevar a cabo un referéndum para aprobar una norma que ya está regulada en la legislación vigente. Según se estima, el costo del referéndum podría superar los 3.000 millones de colones, monto que podría destinarse a necesidades más urgentes en áreas como educación, salud y seguridad.
La decisión ahora recae en el TSE, que deberá determinar si aprueba el inicio del proceso referendario o archiva la propuesta debido a su falta de justificación legal y técnica.
Foto con fines ilustrativos
.png)
