Costa Rica ha consolidado su lugar como el tercer país con más vehículos eléctricos en circulación en América Latina, con cerca de 18 mil unidades, según un estudio publicado por OLADE. Este lugar es antecedido por los gigantes Brasil y México. Sin embargo, lo que realmente destaca al país es su liderazgo en cuanto a la cantidad de autos eléctricos por cada 10 mil habitantes, ubicándose entre los primeros de la región en términos de proporción de vehículos eléctricos en relación con su población.
Este avance ha sido impulsado por políticas ambientales ambiciosas, incentivos fiscales y la creciente conciencia ecológica de los costarricenses, quienes han adoptado con entusiasmo los beneficios de la movilidad eléctrica.
Incentivos y políticas que impulsan el cambio
Costa Rica ha implementado medidas clave que fomentan el uso de vehículos eléctricos, como la exoneración de impuestos a la importación, y beneficios adicionales como el libre acceso a centros urbanos y tarifas reducidas en estacionamientos públicos. Además, el país cuenta con una creciente red de estaciones de carga rápida, lo que facilita la adopción de este tipo de transporte.
Impacto ambiental y económico
La movilidad eléctrica no solo ha contribuido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también ha generado un impacto positivo en la economía costarricense, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles importados. Además, las inversiones en infraestructura de carga y la demanda de vehículos eléctricos han dinamizado el sector tecnológico y de servicios.
Un futuro prometedor
Con un enfoque continuo en la sostenibilidad, Costa Rica se perfila como un referente en la transición hacia un sistema de transporte más limpio. La meta del país es que para el 2035, todos los vehículos que circulen sean eléctricos, eliminando por completo la dependencia de los motores de combustión interna.
En un contexto regional donde muchos países aún están en etapas iniciales de adopción de vehículos eléctricos, Costa Rica ha demostrado que, con el respaldo de políticas adecuadas y la colaboración público-privada, es posible avanzar rápidamente hacia un futuro más verde y sostenible.