La Fiscalía Ambiental ha decidido imponer medidas cautelares a los tres funcionarios del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) investigados por la contaminación del agua en comunidades del norte de San José. Los tres individuos quedaron en libertad bajo estas medidas mientras continúa la investigación.
Según el Ministerio Público, dos de los empleados deberán ser trasladados a otros centros de trabajo para evitar cualquier contacto con los testigos del caso. Además, se les ha prohibido acercarse, comunicarse, o amenazar a los testigos involucrados en la investigación.
Los funcionarios están siendo investigados por presuntamente saber que el agua en Tibás, Moravia y Goicoechea estaba contaminada, y aún así proceder a distribuirla a través del sistema de tuberías del acueducto.
Sebastián Mesén, abogado penalista, explicó que las medidas cautelares tienen como objetivo asegurar que los imputados permanezcan vinculados al proceso penal. Por su parte, el AyA ha indicado que colaborará plenamente con las autoridades judiciales durante el transcurso de la investigación.
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